El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública que incluye un régimen sancionador

El consejero de Presidencia dice que es una de las leyes "más avanzadas" del país

Santander- 15.12.2016

El Gobierno autonómico ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública  de Cantabria que será remitido al Parlamento para su aprobación, una norma  que incluye, como novedad respecto a la norma nacional, un régimen sancionador cuando se incumplan sus obligaciones.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra,  y el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, han dado cuenta hoy de los detalles del proyecto de Ley, que ha conllevado un profundo proceso de participación y en el que se han incorporado la práctica totalidad de las aportaciones realizadas por las personas y colectivos implicados.

De la Sierra ha indicado que con el objetivo de "atender la demanda ciudadana" y que no sea una norma "vacía", la Ley de Transparencia de Cantabria incorpora sanciones importantes en función del tipo de infracción, que van de los 600 a 12.000 euros de multa económica o, en el caso de sanción disciplinaria, puede conllevar incluso el cese del alto cargo.

La norma detalla los derechos de los ciudadanos a la hora de solicitar información, obliga a publicar los saldos bancarios del Gobierno y las agendas institucionales de los gobiernos autonómicos y locales y de sus altos cargos.

En cuanto al derecho de acceso a la información, el consejero de Presidencia ha afirmado que la norma cántabra mejora este aspecto, al aclarar las peticiones que eran dudosas y garantizar la seguridad de terceros afectados.

Respecto a la publicidad activa, la práctica totalidad de la información estará sometida al deber de transparencia, salvo aquella protegida por otras leyes como la relativa a la protección de datos.

Para el control del cumplimiento de la ley, el Gobierno ha optado por la creación de un consejo propio de transparencia, pero se pospone su implantación en el futuro, "cuando la norma de Cantabria comience a rodar", ha apuntado De la Sierra. Actualmente, el Ejecutivo mantiene un convenio con el Consejo Nacional, que este año ha intervenido en 39 reclamaciones sobre la Comunidad Autónoma, la mayoría provenientes de ayuntamientos.

Según ha subrayado, Cantabria es una de las últimas Comunidades Autónoma en contar con una ley propia sobre transparencia, por lo que se ha podido incluir "toda una serie de ideas y soluciones planteadas" en otros territorios, como es el caso del mencionado régimen sancionador. Por ello, ha afirmado que "de forma probable" sea la norma "más avanzada y más acabada" de las existentes en el país.

Ámbito de aplicación

La ley se estructura en cuatro títulos, 51 artículos, 10 disposiciones adicionales, 2 transitorias y otras 2 disposiciones finales.

Como sujetos obligados, la Ley será aplicable a los organismos y entes dependientes del Gobierno de Cantabria, la Universidad, el Parlamento, y administraciones locales. También, será de aplicación a los prestadores de servicios públicos y las personas que ejerzan potestades administrativas, adjudicatarios de contratos del sector público, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como fundaciones y asociaciones privadas que se financien con fondos públicos.

Una vez que se apruebe en el Parlamento, la ley entrará en vigor a los seis meses para facilitar la adecuación a los principios de la norma. Según ha informado el consejero, su aplicación conllevará la creación de una unidad de transparencia en el Gobierno, con una estructura de unos cinco empleados públicos, sin coste alguno porque se llevará a cabo con una reorganización de los efectivos.  Asimismo,  se procederá a la adecuación informática del Portal de Transparencia.

El consejero ha agradecido el trabajo de los empleados públicos y servicios del Gobierno que han participado en su redacción, sin acudir a medios externos. La norma ha tenido un especial proceso de participación, que comenzó, como ha recordado, el pasado mes de mayo con la publicación del anteproyecto en el Portal de Transparencia y su envío específico a diversos representantes y colectivos sociales implicados.

Durante el proceso de exposición, se presentaron 15 propuestas las cuales casi en su totalidad se aceptaron y se incorporaron al proyecto, para continuar posteriormente con su tramitación administrativa e incorporar los informes preceptivos, como es el caso de la Agencia de Protección de Datos.  En este punto, De la Sierra ha apuntado que en su informe, la Agencia ya reconocía la calidad de la ley cántabra que daba solución y claridad en distintos ámbitos.

Ha recordado asimismo que la norma es un compromiso del Gobierno, que conllevó el pasado año un acuerdo para la suspensión de una proposición de ley impulsada por el grupo parlamentario Podemos.

Por todo ello, el consejero ha concluido que el proyecto de Ley elaborado por su departamento "reúne todas las garantías jurídicas", es "una ley matizada y muy acabada" en colaboración con todos los colectivos, ciudadanos y organismos relacionados, aunque, al mismo tiempo, se ha mostrado favorable a incorporar en el tramite parlamentario las cuestiones que mejoren el texto.

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